Grupo Social ONCE

LA ONCE PROPONE UN PACTO DE ESTADO PARA IMPULSAR LA LEY DE DEPENDENCIA Y GENERAR EMPLEO PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Alberto Durán, consejero general adjunto al presidente de la ONCE y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE

La Organización ha impulsado una media de 6.800 empleos anuales para personas con discapacidad durante la crisis

La ONCE propuso en el Congreso de los Diputados un gran Pacto de Estado para impulsar la conocida como Ley de Dependencia, lo que permitiría mejorar la calidad de vida de muchas personas en todo el territorio y, al mismo tiempo, generar puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social, entre ellas, personas con discapacidad.

Así lo expresó en su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, el consejero general adjunto al presidente de la ONCE y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quien desgranó la labor de la Organización en los últimos años (en sus distintas áreas de ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales ILUNION), así como las propuestas de futuro, centradas en mejorar la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad.

Insistió en la educación y el empleo como herramientas clave de la inclusión social de las personas con discapacidad y destacó cómo la Organización ha impulsado en los años de crisis una media superior a los 6.800 empleos anuales para personas con discapacidad.

Alberto Durán recordó que la ONCE da cobertura global, personalizada y directa a más de 72.000 personas ciegas, incluidos 7.500 estudiantes; que la labor de la Fundación ONCE se centra en la generación de empleo, formación y accesibilidad (entre otras) y que el grupo de empresas sociales de la Organización, agrupadas bajo la marca ILUNION, es un ejemplo de rentabilidad social y económica, que da empleo a casi 32.000 personas, de las que un 35% tienen discapacidad, repartidos en 500 centros en todo el territorio.

Recordó asimismo que la ONCE está ligada al mundo del juego con sus 20.000 vendedores (todos con discapacidad) y cómo este sector se ha visto seriamente afectado por la “irrupción” del juego en Internet, del juego ilegal en la calle y también del impuesto del 20% a los premios de loterías públicas, fiscalidad para la que solicitó de nuevo la retirada por “injusta”.

Alberto Durán hizo un recorrido también por los casi 28 años de labor de la Fundación ONCE y recordó que en ese tiempo ha logrado emplear a 99.476 personas con discapacidad y otras 23.055 plazas ocupacionales; mientras que ha llegado con la formación a 130.000 alumnos. Para ello, ha aprobado más de 38.000 proyectos y movilizado una inversión (procedente mayoritariamente de la ONCE), de 1.902 millones de euros, además de otros 220 millones en proyectos de accesibilidad para municipios.

Dinamizar el futuro

El compareciente mostró la confianza de la ONCE en seguir afianzando día a día su futuro con esfuerzo y trabajo, como ha hecho durante ya casi 88 años de labor al lado de la ciudadanía, si bien propuso algunas iniciativas para garantizar el futuro de la Organización y, en general, de las personas con discapacidad.

Alberto Durán solicitó a los parlamentarios “un mayor compromiso” con el juego público (representado por Loterías del Estado, la ONCE y la Cruz Roja, especialmente), y solicitó la retirada del impuesto del 20% sobre los premios; recordó que el juego que irrumpe actualmente en el mercado está provocando crecimiento de las ludopatías y, además, que debe actuarse “enérgicamente” contra el juego ilegal en la calle, que copia el modelo de la ONCE y “utiliza” la imagen de la discapacidad.

Insistió en la necesidad de que el modelo educativo actual siga apostando por aulas inclusivas, tanto para los más pequeños como, muy especialmente, en el mundo de la universidad, donde destacó “las dificultades de las personas con discapacidad para llegar hasta ella”. Y recordó, por ejemplo, los problemas de inclusión de los niños ciegos en momentos como las clases de educación física o los recreos (claves en su socialización), o las dificultades para contar con libros adaptados cada curso, labor en la que está siempre pendiente la ONCE.

En el sector de la discapacidad, en general, solicitó una nueva Ley de Inclusión Socio-Laboral de las personas con discapacidad, que podría generar empleo para 150.000 nuevos trabajadores; insistió en la trasposición de directivas comunitarias para la contratación pública responsable; promoción del turismo accesible, gran iniciativa en nuestro país receptos de turistas mayores; mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia; y desarrollo de las leyes del Tercer Sector, así como avanzar en los incentivos al mecenazgo.

Finalmente, Alberto Durán destacó la labor de la ONCE y su Fundación fuera de España, tanto impulsando en Europa normativa en favor de la discapacidad, como la reciéntemente publicada Acta Europea de Discapacidad, o trabajando en América Latina, donde en los últimos 15 años se han formado más de 500.000 personas ciegas (en 19 países), lo que ha permitido su acceso a más de 9.000 empleos directos, con una inversión de más de 26 millones de euros.